Bolivia
a 100 días de cuarentena, reporta hasta el 24 de junio 27.487
contagios, 876 muertes y un promedio de 1000 contagios por día. El
sistema sanitario colapsó en Beni y Santa Cruz, y es inminente el
colapso de Cochabamba y La Paz. Estos 4 departamentos concentran el
92% de los contagios y Santa Cruz con el 60% de contagios es el foco.
Bolivia es el único país de la región que atraviesa la pandemia
con una dictadura, y se dirige sin una política de estado de
prevención y de contención del Covid-19, al colapso absoluto a
nivel nacional. No se cuenta con un plan de contingencia coordinado,
ni con un comité científico idóneo, y hay demanda urgente de
médicos especialistas, insumos y equipos de salud. Lo que Áñez
realiza es la mera administración de cifras oficiales de contagios y
muertes.
Tres
ministros de salud se han relevado durante la cuarentena, que
presentaron su “plan estratégico”, en base a promesas de
adquisiciones de insumos y equipos de salud, que no se verifican en
la realidad. Añez no cumplió con el objetivo de la cuarentena de
abastecer al sistema sanitario de insumos, equipos de salud,
infraestructura, contratación de personal, etc., para atender la
gran demanda que se podía producir. No hay coordinación de acciones
entre el nivel central y los niveles gubernamentales y municipales,
tampoco con los diversos sectores de la sociedad, lo que hace
imposible entablar un abordaje serio de contingencia.
El
“comité científico”, no posee idoneidad porque de su
composición se excluyó a seis sociedades científicas, de medicina
crítica, terapia intensiva, medicina interna, infectología,
neumonología, pediatría y a la Universidad Mayor de San Andrés
(U.M.S.A.) de Bolivia. Esta incluido por 8 médicos sin experiencia
en la materia y cuyo presidente era su yerno, Mohammed Mostajo. Quién
fungía de asesor, definía las acciones del plan contra el Covid-19
y la compra de insumos y equipos. Hoy implicado en el “caso
respiradores”, se fugó a EU bajo el argumento de que “su trabajo
como asesor había terminado” en pleno colapso sanitario.
Desde
el inicio de la cuarentena se registraron en el país numerosas
marchas de médicos suplicando por insumos y equipos de bioseguridad,
capacitación, contratación de personal, etc. También, los alcaldes
reclamaron que se les gire el presupuesto correspondiente para abonar
los sueldos atrasados de los médicos.
El
departamento de Beni, de donde es oriunda Áñez se encuentra
colapsado y un 50% de sus médicos llegó a contagiarse, según Jorge
Gómez, director del servicio departamental de salud (S.E.D.E.S.)
debido a la falta de equipos de bioseguridad. Trinidad, su capital es
el foco. El 22 de mayo el gobernador de Beni declaró el desastre
sanitario y tuvo que pedir ayuda a un distrito limítrofe con Brasil.
Recién el 25 de mayo, una delegación de 6 ministros integrado por
la actual ministra de salud, Eidy Roca arribaron a Beni, con 10
ambulancias y con donaciones de la O.N.G. “Mano a mano” de
insumos de bioseguridad y tres avionetas ambulancias.
De
tal forma, venden una imagen de una Bolivia “pobre” que sobrevive
con donaciones. Añez acusa a Evo Morales por la “herencia
recibida”. En Bolivia el presupuesto en salud hasta el 2005 era de
362 millones de dólares, en 13 años Evo lo multiplicó por 7 a
2.600 millones de dólares, entre 1825-2005 época republicana,
habían 2.870 hospitales en el país, entre el 2006-2018, Evo
construyó 1.061 hospitales. La contratación de personal de salud,
de 1825- 2005 era den 17.175 ítems, se incremento del 2006-2018
con 18.550 ítems llegando al total de 35.725. Solo 579 ambulancias
había en todo el país al 2005, Evo las incremento a 2.076. Se
implementó el Sistema Único de Salud (S.U.S.) garantizando la
atención sanitaria universal y gratuita al 51% de las y los
bolivianos que no poseen seguro de salud. Se realizó transferencia
de tecnología del INVAP Argentino a 3 centros de oncología de
Bolivia, algo inédito en la historia del país. Médicos bolivianos
fueron becados a especializarse a Cuba, Rusia, Argentina, China, etc.
Estaba estipulado para el 2020, la creación del ministerio de
ciencia y tecnología, que quedo trunco pos golpe de estado. Hay 20
hospitales de 2° y 3° nivel que Morales dejó próximos a
inaugurar, que no son utilizados, lo mismo sucede con las avionetas
ambulancias que se adquirieron.
El
10 de marzo se registró el primer caso en el país y el 22 de marzo
se declaro la cuarentena. El 1 de junio el país implemento la
cuarentena dinámica con el fin de abrir diversos sectores de la
economía como ocurre en diferentes países que empezaron a
flexibilizar su cuarentena, y en simultáneo controlan la curva de
contagios. En Bolivia sucedió algo insólito, el gobierno central
sin plan de salida gradual de la cuarentena rígida se desligó de su
responsabilidad de contención frente al Covid-19, y la traslado a
las gobernaciones y alcaldías. Diversas regiones se auto
encapsularon al ver avanzar sus niveles de contagio. En La Paz y
Cochabamba se cerraron varios hospitales entre ellos, el Tórax y el
Viedma por el contagio masivo de personal que no es reemplazo y se
volvió a endurecer la cuarentena esta semana.
Resultado
del desgobierno de Áñez, se reportaron 10 muertos en las calles,
algunos de ellos en las puertas de los hospitales y otros en sus
casas sin recibir atención médica. Las imágenes recuerdan la cruda
realidad de Guayaquil. Uno caso demoledor ocurrió en Cochabamba con
el cadáver de un hombre en la calle que peregrinó por siete
hospitales durante 5 horas solicitando asistencia sin lograrlo. Otros
casos se registraron en Beni, Santa Cruz y La Paz. El 24 de junio un
paciente con Covid-19 se suicido al complicarse su cuadro a falta de
medicamentos y se lanzó del 3° piso del hospital Solomon Klein, en
Cochabamba. Por otro lado, el 20 de junio el Instituto de
investigaciones forenses reportó 50 muertes diarias en los
domicilios por insuficiencia respiratoria en Santa Cruz a la espera
de confirmar si son positivos. En Cochabamba se reportó 13 cuerpos
en sus domicilios y se habilitaron fosas comunes por el colapso del
horno crematorio para cuerpos no identificadas.
El
ministro de obras públicas Iván Arias afirmó que las muertes
reportadas en las cales ocurrieron porque hay personas que “esperan
hasta último momento para ir al hospital”. En contraposición, la
C.I.D.H. sostuvo: “Estas muertes se deben a la imposibilidad de
recibir atención médica ante la saturación de los hospitales”.
El
país requiere en carácter de urgencia insumos y equipos de salud.
Según
la sociedad boliviana de medicina crítica y terapia intensiva
(S.B.M.C.T.I.), en el país hay 210 médicos intensivistas y se
precisa duplicar esta cifra, sin embargo Áñez no permite la entrada
de médicos cubanos. Solo se cuenta con 100 camas destinadas a
Covid-19, cuando se requiere 700 en el país. Al respecto, el 16 de
abril Mohammed Mostajo, anunció la compra de 500 camas de unidades
intensivas y de 450 mil reactivos. Las camas nunca llegaron y luego
de casi dos meses, recién el 3 de junio llegaron solo 70 mil
reactivos. Los ex ministros de salud Aníbal Cruz y Marcelo Navajas
prometieron 500 respiradores hace 3 meses, y llegaron el 15 de mayo
170 respiradores con sobreprecios e inservibles para pacientes
críticos con Covid-19. El 22 de junio se conoció la compra de solo
10 respiradores que desaparecieron y otra vez con sobreprecios.
En
el país hay faltante de reactivos desde el inicio de la cuarentena y
las pruebas se restringieron a pacientes con “toda la
sintomatología activa”, de tal manera Bolivia pasó a ser el que
menos pruebas realiza de la región. Las insuficientes pruebas que
se realizan llegan pos mortem, luego de más de una semana porque
deben ser trasladados por tierra a los laboratorios de Cochabamba,
Santa Cruz y La Paz. Recién hace un mes, se pusieron en
funcionamiento laboratorios en Tarija, Beni y Chuquisaca. El colapso
en los laboratorios es inminente por falta de personal. El centro
nacional de enfermedades tropicales (C.E.N.E.T.R.O.P.) el laboratorio
más importante de Santa Cruz se declaró en emergencia al no recibir
los termocicladores requeridos para procesar las pruebas y tiene 4
mil análisis en espera. Lo llamativo es que en el país hay 33
laboratorios, según lo anunciado el 16 de abril por Mohammed
Mostajo, 23 pertenecientes al programa H.I.V. y tuberculosis y 10
donados por el programa de desarrollo de naciones unidas (P.D.N.U.),
lo que permitiría tener 3 laboratorios en los 9 departamentos del
país. Por otro lado, en las clínicas privadas las pruebas cuestan
un promedio de 150 dólares, por lo que Bolivia es el segundo país
de la región de mayor costo en pruebas.
Por
si fuera poco, el 18 de junio Áñez que sostiene un falso discurso
de preocupación por la salud, evitó la entrada de un avión de
China con una carga con sobreprecios de hasta el 400% de 1.600.000
insumos de bioseguridad: 800 mil barbijos, 500 mil barbijos N95, 200
guantes, 50 mil overoles, 5 mil termómetro, 20 mil gorros y 10 mil
lentes que tenían como destino a empresas privadas y al ministerio
de energía que intervino en la compra. El vuelo se cancelo para
evitar otro escándalo de corrupción ante la filtración de la
información.
Administración
macabra de cifras epidemiológicas para evitar elecciones.
Al
principio de la cuarentena las cifras epidemiológicas del país eran
bajas y se vendieron como un “éxito”. De repente, cuando el
pueblo boliviano puso en agenda la demanda electoral, en simultáneo
las cifras oficiales se dispararon, y Eidy Roca actual ministra de
salud proyectó más de 130 mil contagios para la fecha de las
elecciones del 6 de septiembre, casi triplicando las proyecciones del
ex ministro de salud Aníbal Cruz de 48 mil contagios. Nos
encontramos con que el golpismo administra desde el principio
macabramente las cifras epidemiológicas en función de intereses y
cálculos electorales con el fin de evitar las elecciones en el país.
Si bien, es real y esperable el aumento de los contagios que aún no
han llegado a su pico en el país, debido a la inacción del gobierno
de facto, se desconoce con exactitud las cifras epidemiológicas, no
solo porque no se realizan las pruebas masivas y hay muchas a la
espera de los resultados, también porque Áñez oculta y manipula
sistemáticamente información al respecto.
(*)
Verónica Zapata, periodista y psicóloga boliviana.
Informe
CONAICOP @RedConaicop
Ruben
Suarez conaicop.uy@gmail.com
Bolivia iría a elecciones generales el próximo 6 de septiembre del 2020.
(Verónica Zapata (*)) El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Salvador Romero anuncio finalmente que enviará un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa que fijara un nuevo plazo para realizar las elecciones generales hasta el 6 de septiembre. El candidato presidencial por el M.A.S. Luis Arce Catacora informó que su fuerza política viabilizó un acuerdo con las demás fuerzas políticas para concertar que la fecha de elecciones sea el próximo 6 de septiembre.
El T.S.E. Informo que en las próximas semanas se definirán los protocolos para que en las actividades preparatorias y la misma jornada electoral se cumpla con las debidas medidas de protección, tanto de distanciamiento social como de equipamiento, a partir de recomendaciones de autoridades nacionales y expertos internacionales. Por otra parte, el secretario general de la O.N.U. realizo un pedido a los partidos y autoridades para que cooperen con el T.S.E. en la celebración de elecciones pacíficas, trasparentes e inclusivas: “A solicitud del T.S.E. y con el apoyo de la Unión Europea, Suecia, Canadá y el Reino Unido, las Naciones Unidas seguirán brindando asistencia técnica al Órgano Electoral Plurinacional, incluso sobre las medidas de mitigación que permitan que las elecciones se lleven a cabo en las mejores condiciones sanitarias posibles”, sostuvo.
La lucha del pueblo boliviano para exigir elecciones generales.
El 3 de mayo pasado se postergaron las elecciones generales en el país por la emergencia sanitaria. De esta manera, por segunda vez se venció el plazo del mandato del llamado “gobierno de transición” de Áñez. El primer vencimiento fue el 22 de enero cuando la presidenta de facto, se auto prorrogó el mandato junto a la asamblea legislativa hasta el 3 de mayo, en un accionar de avasallamiento al derecho jurídico. La intención de los golpistas es de volver a auto prorrogarse el mandato, pero esta vez, de manera indefinida utilizando la pandemia como estrategia para mantenerse de manera indefinida en el poder, lo que fue rechazado por las organizaciones sociales.
El pueblo boliviano exige la realización de las elecciones generales para elegir un gobierno legítimo y con liderazgo para convocar a cada sector de la sociedad con el fin de enfrentar en conjunto la situación dramática de crisis sanitaria y económica que atraviesa el país. Hasta el momento el gobierno de facto no ha podido garantizar los elementos básicos para enfrentar el Covid-19, reactivos y respiradores mecánicos, desatando el colapso sanitario en Beni y Santa Cruz. El país se ha endeudado vía F.M.I. y B.M., pero no se conoce el destino de los fondos, pues no se observan en inversión en sistema sanitario.
El 29 de abril se realizó el primer cacerolazo y petardazo masivo a nivel nacional en plena cuarentena para exigir al T.S.E. que fije fecha de elecciones. Tras la presión del pueblo, el 30 de abril se sancionó la Ley 1.297 de Postergación de las Elecciones Generales que dio un plazo de 90 días para que el tribunal electoral fijara la fecha de las elecciones generales hasta el 3 de agosto. Áñez rechazo la medida y presentó un amparo de inconstitucionalidad al Tribunal constitucional, y diferentes golpistas siguieron la misma línea y fueron rechazados.
Para lograr que se vuelva a retornar el tema electoral y reencauzar al país en la vía democrática, el pueblo boliviano sostuvo una fuerte lucha con medidas de presión en plena cuarentena. Se realizaron cuatro cacerolazos y petardazos con acatamiento absoluto, marchas de protestas y numerosos bloqueos en diferentes regiones del país. El primer cacerolazo fue el miércoles 29 de abril, y los domingos 10, 24 y 31 de mayo a las 19 horas. Durante el primer y exitoso cacerolazo, en UNITEL el principal medio de comunicación funcional al golpe de estado, distorsionaban la realidad y afirmaban que el contundente reclamo tenía el objetivo de exigir la anulación de la personería jurídica del M.A.S. Uno de los bloqueos más importantes se llevó a cabo en kara kara, ciudad situada al sur de Cochabamba donde se desató una fuerte represión con gases lacrimógenos y balines. También, en El Alto se reprimió y los militares manosearon a una mujer mientras era detenida.
Ante el éxito de los cacerolazos que se vivieron como una “noche de festejo de año nuevo” en Bolivia, el gobierno de facto decidió desplegar a los militares en las principales ciudades para amedrentar y hacer gala de su fuerza. Diversos reclamos se fueron sumado a las protestas, entre ellos, la flexibilización de la cuarentena para poder iniciar las actividades económicas para sobrevivir en medio de la pandemia del Covid.19, el rechazo a los numerosos casos de corrupción del gobierno de facto, el cese de la persecución política y encarcelamientos, la derogación del decreto que permite el uso de semillas transgénicas, etc., fueron caldeando densamente el clima político y social en el país las últimas semanas.
Ante la lucha del pueblo boliviano, el grupo paramilitar “Resistencia Juvenil Cochala”, se reorganizó y llamó a atacar a los movimientos sociales si estos continuaban con los bloqueos, el pedido de elecciones, y como contrademanda exigieron el cierre de la asamblea legislativa y la postergación de las elecciones.
Por otro lado, una institución que en el pasado apoyó a Áñez como la iglesia le realizó fuertes criticas. El 10 de mayo el presidente de la conferencia episcopal de Bolivia (C.E.B.) Monseñor Ricardo Centellas critico a Áñez por “preocuparse demasiado” en repartir cargos a familiares y prorrogar su mandato y no dedicarse con eficiencia a cuidar la salud de las y los bolivianos.
Ofensiva militar a la asamblea legislativa para evitar elecciones.
La situación política y social de crisis tuvo su pico el 21 de mayo cuando el comandante en jefe de las F.F.A.A. de Bolivia general Sergio Orellana ingresó a la asamblea legislativa para dar un ultimátum con plazo de una semana con el fin de que se apruebe una lista de ascensos de militares presentada a la asamblea por Áñez en febrero pasado, y que la cámara rechazó el 18 de mayo siguiendo la normativa constitucional que establece que: “La propuesta de ascensos debe ser enviada por el ejecutivo al senado para que esta cámara en sesión reservada apruebe o rechace la proposición”. Eva Copa, la presidenta del senado rechazó las amenazas, sostuvo que no era indispensable tratar ascensos en plena pandemia del Covid-19, y que ello debería realizarse posterior a la elección de un gobierno democrático.
Evo Morales definió a esta situación como el tercer golpe, el primero contra su persona el 10 de noviembre del 2019, el segundo el 22 de enero cuando Áñez se auto prorrogó el mandato, no convocó a elecciones generales, se mantuvo en el poder y se presento como candidata presidencial para una próxima elección. Y un tercer golpe o “autogolpe” ante la amenaza de cerrar la Asamblea Legislativa y gobernar por la vía militar como única opción con cierre de la asamblea legislativa de la cual dos tercios pertenecen al M.A.S., la derogación de la Constitución Política de Estado, retrotrayéndola la de 1994 con el objetivo de evitar el proceso electoral. Volver a la constitución de 1994 implicaría disolver el Estado Plurinacional y restablecer la República, con la consiguiente exclusión de la vida política y de la distribución de la riqueza del país a los indígenas y a las mujeres.
Anteriormente el 10 de mayo Evo Morales realizó una grave acusación y exigió por Twitter explicaciones al jefe de las F.F.A.A. que amenazó a los asambleístas: “El comandante en jefe Orellana, debe informar al país por qué y para qué los norteamericanos entregaron en el estado mayor el pasado 14 de abril, paquetes de dinero y con qué fin los comandantes reciben 50 mil dólares por día”.
Esta situación de ofensiva militar a la asamblea legislativa, último bastión democrático e institucional en pie dentro del país pos golpe d estado, se llevó a cabo con el silencio cómplice de Áñez y su gabinete, de los fuerzas políticas de derecha de Fernando Camacho y Carlos Mesa, principalmente, y de los sectores civiles empresariales, medios de comunicación, etc., que apoyaron el golpe de estado del 10 de noviembre del 2019. Por otro lado, fue fuerte el repudio a nivel mundial por el accionar antidemocráticos del jefe de las F.F.A.A. Sergio Orellana a quien se le pidió la renuncia y se le exigió respetar la constitución nacional que en su Art. 245 afirma: “Las F.F.A.A. son una institución esencialmente obediente, no delibera, no realiza acción política, y está sujeto a órdenes del presidente”.
(*)Verónica Zapata, periodista y psicóloga boliviana.
....
Lucran con la compra de gases lacrimógenos al igual que con respiradores en Bolivia.
(Verónica Zapata (*))
Desde que Jeanine Áñez se autoproclamó como presidenta el 12 de noviembre del 2019, se registraron más de 35 casos de corrupción en el país, los más resonantes fueron los que incluyen a personas de confianza del gobierno de facto dentro las principales empresas estratégicas como BoA, E.N.T.E.L., Y.P.F.B. El caso que causó mayor escándalo y repudió fue la compra con sobre precios de respiradores que son inservibles para el tratamiento de pacientes críticos con Covid-19. Pero cuando se pensaba que no se podía superar ese vil negociado, se suma otro negociado repudiable que adquirió carácter de escándalo recientemente en el país.
Se conoció que el gobierno de facto lucra hasta con la compra de agentes químicos con los que reprime al pueblo boliviano. El 25 de noviembre del 2019 el ministerio de gobierno a la cabeza de Arturo Murillo, le pidió a la empresa Cóndor un presupuesto técnico- económico por la compra de agentes químicos para la fuerza policial y militar. El 26 de noviembre del 2019 el ministerio de gobierno manifiesta a la empresa Cóndor que la compra de los agentes químicos se realizaría a través de la empresa intermediaria brasileña Bravo Tactical Solutions LLC que tiene sede en EU, y no con otro distribuidor que dicha empresa tuviera en Bolivia. En ambas oportunidades la carta estuvo firmada por Sergio Zamora, director de asuntos administrativos del ministerio de gobierno.
El 19 de diciembre del 2019 en el marco del decreto supremo 4.116 con fecha 12 de diciembre del 2019, el ministro de defensa Luis Fernando López y el representante legal de Bravo Tactical Solutions LLC, Brayan Samuel Berkman firmaron un contrato de compra directa de agentes químicos por 5.649.137 millones de dólares equivalente a 39.317.998 millones de bolivianos. La cantidad y descripción de la compra en el contrato refiere a: 50.000 proyectiles de largo alcance, 50.000 proyectiles de corto alcance, 11.500 granadas cuádruple acción, 11.500 granada triple acción, 12.000 aerosoles, 11.500 perdigones de goma, 69.647 cartuchos de pólvora.
El gobierno boliviano compro dos productos químicos al siguiente valor: se pagó por un proyectil de largo alcance 37/38 mm 38,80 dólares (270 bolivianos) por unidad y se adquirió 50.000 unidades, por el proyectil de triple acción 37/38 mm se pagó 35,92 dólares la unidad (250 bolivianos) y se adquirió también 50.000 unidades. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela compro los mismos productos a la misma empresa brasileña. Por el proyectil de largo alcance 37/38 mm pagó 13,55 euros (112 bolivianos) por unidad, por el proyectil de triple acción 37/38 mm 14 pagó 55 euros (116 bolivianos) por unidad. Por lo tanto el gobierno boliviano pagó más del doble de lo que pagó el gobierno venezolano por los mismos productos y a la misma empresa. De acuerdo a la orden de compra de Venezuela respecto a 100 mil gases lacrimógenos, hay una diferencia de sobreprecio de 2.126.436,78 millones de dólares (14.800.000 bolivianos) en detrimento al estado boliviano.
El ministerio de gobierno designó un intermediario para comprar 215.000 agentes químicos por el valor de 5.650.000 millones de dólares de forma directa a través de la empresa brasileña Bravo Tactital Solutions, cuyo representante legal es el hijo del dueño Luis Brerkman Littmann, quién fuere procesado el 2001 por el delito de tráfico de armas por 50 fusiles, ese entonces logró salir de la cárcel con medidas sustitutivas, se fugó a EU, fue procesado por ese delito. Aquí la clave, Luis Brerkman Littmann es amigo de Rodrigo Méndez Mendizábal hombre de confianza de Arturo Murillo y actual jefe de gabinete del ministerio de gobierno que eligió la empresa intermediaria para realizar dicha compra. Rodrigo Méndez Mendizábal aparece en fotos en reuniones privadas y actos de campaña junto a Jeanine Áñez.
La modalidad delictiva en la compra de respiradores y en agentes químicos.
En ambos casos se repite la modalidad delictiva, las compras se realizaron con sobreprecios elevados y se utilizaron intermediarios “a dedo” para realizar la compra, tiene como protagonistas a altos funcionarios del gobierno de facto implicados en una red de corrupción, y hay implicados que cuentan en su haber con condenas por la justicia. También, en ambos casos se expresó la C.I.D.H.
El caso de los “agentes químicos” tiene como principales protagonistas a altos funcionarios como el ministro de gobierno, Arturo Murillo, al jefe de gabinete de dicha cartera Rodrigo Méndez Mendizabal y al ministro de defensa Luis Fernando López. Arturo Murillo reconoció la compra mediante un comunicado, pero sostuvo que se realizó dentro del marco legal, aunque las pruebas de los contratos lo contradicen. Solicitó rectificar las acusaciones por el caso al periodista junior Arias: “No vamos a descansar hasta que el Sr. Arias rectifique y restaure la dignidad e imagen de las apersonas dañadas”. Por su parte, el periodista ratificó las denuncias y confirmó que solicitará medidas cautelares de protección ante las amenazas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (C.I.D.H.). Por otra parte, el relator especial para la libertad de expresión de la C.I.D.H. Edison Lanza manifestó su “grave preocupación” por la respuesta del ministerio de gobierno a un periodista. Sostuvo: “Calificar de “guerra sucia” o “guerra política” a un medio es estigmatizador, en lugar de rendir cuentas sobre el tema de fondo”, señalo en su cuenta de Twitter.
En el caso participo una empresa intermediaria “amiga” como en el caso de los respiradores. Rodrigo Méndez Mendizábal, actual jefe de gabinete del ministerio de gobierno, es amigo de Luis Brerkman Littmann, dueño de la empresa intermediaria que vendió los agentes químicos y que tiene antecedentes delictivos por venta de armas de guerra. Lo cual no fue impedimento para que la empresa no fuera elegida como intermediaria. El escándalo amenaza con salpicar a la presidenta de facto porque a Rodrigo Méndez Mendizábal se lo observa en fotos en reuniones privadas y en plena campaña electoral junto a Áñez.
En las próximas horas, se espera que se investigue el valor de compra de los cinco productos restantes que figuran en el contrato, que elevaría el monto de compra con sobreprecio en detrimento al estado. Y si en la compra de este tipo de productos, que se disparó pos golpe de estado, se prosiguió con esta modalidad delictiva en todos los casos.
En el “caso respiradores” fueron detenidos hasta el ex ministro de salud Marcelo Navajas, entre varios otros. Están implicados en el caso funcionarios de primera línea. Navajas tenía en su haber una condena por la venta con sobreprecios de medicamentos para el cáncer en el momento de asumir como funcionario y esto no fue impedimento para ocupar el cargo. Su esposa involucró a la presidenta de facto, Jeanine Áñez y al ministro de gobierno Arturo Murillo de ser responsables por la compra de los respiradores, dado que su marido: “No tenia poder de autorizar transferencias de dinero para compras” y amenazó con hablar si mantenían en la cárcel al ex ministro de salud Navajas, por lo que fue liberado pocas horas luego de su detención.
El caso, volvió a ser noticia con la detención del juez Hugo Huacani, quién le iba a tomar declaración al ex ministro de salud, quién detenido sin una orden de aprehensión, ni causa penal abierta en su contra por Iván Rojas director general de la fuerza especial de lucha contra el crimen (F.E.L.C.C.) por orden del ministro de gobierno Arturo Murillo que desató un escándalo a nivel mundial, cuando dicho juez escribió en un papel improvisado su propia acción de libertad, lo que se conoce como un “hábeas corpus” y rememoró a Bolivia que en 1972 el abogado Reynaldo Peters redactó un hábeas corpus en papel higiénico cuando fue detenido por la dictadura de Hugo Banzer. La C.I.D.H. se expresó: “La independencia judicial es vital para un estado de derecho”. Finalmente se designó otro juez en el caso, allegado de Soledad Chapetón, alcaldesa de El Alto, aliada de Áñez. En el medio apareció Fernando Húmerez, un “testigo clave” que se presentó de forma espontánea y que adujo tener pruebas para demostrar que el gobierno de facto fue estafado por las empresas españolas en su buena fe. Si tal es el caso, llama la atención que el ministerio público solicitara a la autoridad judicial la reserva del caso.
(*) Verónica Zapata, periodista y psicóloga boliviana.
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Las
venas abiertas de Bolivia sangran a seis meses del golpe.
El
10 de noviembre del 2019 se concretó un golpe de estado violento en
Bolivia digitalizado por E.E.U.U. que logró articular a la
oligarquía nacional racista con las F.F.A.A., la policía y los
grupos paramilitares para obligar a renunciar a Evo Morales a punta
de pistola. El objetivo es volver a controlar los recursos naturales,
principalmente el litio y borrar el ejemplo de un gobierno de rostro
indígena que por primera vez, desde la conquista genocida de América
llega al poder. El 12 de noviembre Áñez se autoproclama presidenta,
da vía libre a la represión, se produce la masacre de Sacaba y
Senkata. El golpe deja un saldo de 35 muertos, 800 heridos, más de
1.500 detenidos y cientos de exiliados. Prosigue una cacería de
dirigentes, ex funcionarios y periodistas. Se aplican políticas
neoliberales y el país es sumergido en una crisis política, social,
económica y alimentaria. El Covid-19 y la crisis sanitaria
reconfigura el panorama anudándose a las demás crisis que adquieren
una nueva forma de crisis absoluta con características específicas.
El pueblo clama elecciones para obtener un gobierno y legítimo que
pueda enfrentar la pandemia y la crisis económica. Áñez utiliza la
pandemia para mantenerse indefinidamente en el poder, y pretende
prescindir de las elecciones con el fin de consolidar un proyecto
político neoliberal y un estado terrorista militar y policial.
De
potencia económica a suicidios por hambre.
Bolivia
durante el gobierno de Evo Morales pasó de ser el segundo país más
pobre de Latinoamérica, a ocupar el primer puesto de crecimiento
económico de la región con un promedio de crecimiento de 4,9 %,
según la O.N.U. y el B.M. El P.I.B. se cuadriplicó de 9.500 a
45.500 millones de dólares. Los indicadores macroeconómicos fueron
insuperables en América del Sur y fue el país que más redujo la
pobreza extrema de 38 a 15%. Pos golpe de estado, Bolivia se
convirtió en un país donde la gente se suicida por hambre. Tres
casos de suicidio por ahorcamiento se conocieron en abril, el de una
menor de 12 años que no aguantó el dolor de estómago por hambre,
el de un padre de familia ante la desesperación de no poder darle de
comer a sus 8 hijos y de una adolescente de 15 años. En este
contexto, el 27 de abril se cortó el suministro de gasolina al
trópico de Cochabamba ocasionando la muerte de más 11 millones de
peces por falta de combustible para oxigenar las piscinas
artificiales de 3.500 piscicultores, ocasionando un daño económico
para escarmentar a la región. Por otro lado, intentaron impedir la
campaña #TropicoSolidario que lleva a cabo esta región que reparte
frutas a familias de escasos recursos. El 27 de abril Áñez pidió
una jornada de “ayuno y oración” para vencer el Covid-19 en
plena hambruna y se realizaron bendiciones masivas desde helicópteros
en diversas ciudades en un país laico.
El
pueblo clama elecciones generales para sobrevivir.
El
3 de mayo pasado se postergaron las elecciones generales por la
emergencia sanitaria. El 29 de abril se llevó a cabo un cacerolazo y
un petardazo masivo para exigir que se fije una fecha de elecciones,
a fin de elegir un gobierno legítimo para enfrentar la crisis
económica y sanitaria en el país. Los golpistas amenazaron con
cerrar la asamblea legislativa para evitar las elecciones generales.
El 30 de abril se sancionó la Ley 1.297 de Postergación de las
Elecciones Generales, que da un plazo de 90 días para que el
Tribunal Electoral fije una fecha. Áñez rechazó la ley y anunció
recurrir a la “justica” que maneja. El 22 de enero finalizó el
mandato del “gobierno transitorio” de Áñez y se autoprorrogaron
el mandato hasta el 3 de mayo. Por segunda vez, se venció el plazo y
se utiliza la pandemia como excusa para volver a autoprorrogarse el
mandato de forma indefinida para consolidar un proyecto político
neoliberal y un estado terrorista militar y policial.
Persecución,
encarcelamientos y censura.
Para
imponer el terror y desarticular la organización social se desató
una cacería y una judicialización a dirigentes, ex funcionarios y
a periodistas con la supresión de los D.D.H.H. y las garantías
constitucionales. Los asilados que están en la embajada de México
en La paz son rehenes de la dictadura. El terrorismo de estado se
radicalizó con la pandemia, la cual es utilizada como estrategia
para amordazar la libertad de expresión y encarcelar opositores.
Murillo, ministro de facto funge de juez y fiscal, se jacta de
realizar ciberpatrullajes y amenaza con encarcela hasta con 10 años
a quienes “desinformen” sobre al Covid-19. El fin es ocultar la
inoperancia del gobierno. Los medios de comunicación blindan
mediáticamente al gobierno, demonizan a los movimientos sociales y
se le adscribe a Morales mediante el discurso de la “herencia
recibida” la responsabilidad de todo lo negativo que acontece.
Zona
liberada a la corrupción y al narcotráfico.
El
desmantelamiento de las empresas estratégicas es ejemplo de
corrupción. En la línea aérea boliviana (BoA), los directivos
fueron reemplazaos por allegados de Fernando Camacho, que provenían
de a la línea aérea privada Amazonas. Se inicia el desmantelamiento
mediante el sabotaje para afectar la rentabilidad. En ENTEL, el
gerente Elio Montes, fue procesado penalmente por malversación de
fondos y escapó a E.E.U.U. En Y.P.F.B., el presidente Herland Seliz
renunció tras un escándalo por contratos irregulares de seguros y
compra de combustible con alto sobreprecio y sin licitación.
En
el gobierno de facto el nepotismo es la norma y las familias, amigos
y amantes de los funcionarios ocupan cargos en el estado y utilizan
indebidamente los bienes del estado. Los aviones y helicópteros de
la Fuerza Aérea Boliviana (F.A.B.) son usados como taxis a título
de “vuelos humanitarios” para viajar de vacaciones y/o a fiestas
privadas en plena cuarentena. No se utilizan los aviones para traer
lo miles de bolivianos que se encuentran varados desde hace más de
un mes en diferentes países y las pruebas para el Covid-19 se
transportan por tierra a los laboratorios de La Paz y de Santa Cruz
que tardan una semana en llegar. Los laboratorios prometidos para
cada departamento nunca llegaron. Por otro lado, se contrataron
alquileres de hoteles 5 estrellas por sumas millonarias para
aislamientos. Se desconoce el destino de los créditos del F.M.I y
las donaciones millonarias de diversos países y organismos para
enfrentar el Covid-19. Las compras de insumos que anuncian nunca
llegan y se niegan a publicar las facturas generando sospechas sobre
negociados.
El
aterrizaje de nacojets en el aeropuerto oficial de Guayaramerín,
Beni de donde es oriunda Áñez va en aumento. El 28 de enero un
narcojet fue interceptado en México con una tonelada de cocaína
cargada en el aeropuerto de Guayaramerín, develando vínculos
familiares de Áñez con el narcotráfico. Carlos Áñez, su sobrino
está preso en Brasil por narcotráfico. Gustavo Álvarez Peralta,
narcotraficante del cartel de Jalisco, México y buscado por la
D.E.A. fue designado como director de producción agropecuaria. Se lo
desvinculo y misteriosamente se escapó.
Políticas
necróticas importadas de E.E.U.U. para enfrentar el Covid-19.
El
22 de marzo se decretó la cuarentena y hasta la fecha los hospitales
carecen de respiradores, reactivos, insumos, equipos de bioseguridad
y falta de médicos. Los contagios y las muertes en el personal de
salud, militar y policial van en aumento y se siguen esperando sus
equipos de bioseguridad. El 11 de mayo se iniciará la “cuarentena
dinámica”, flexibilizándola en algunas regiones. El 5 de mayo el
secretario de salud de Santa Cruz, que concentra el 60% de los
contagios denunció el inminente colapso del sistema sanitario y la
alcaldesa descartó flexibilizar la cuarentena en la capital cruceña.
El
6 de abril el ex ministro de salud anuncia sus proyecciones en 4
meses de 3.840 muertes, 48.000 infectados y el colapso sanitario. El
13 de abril asume el actual ministro de salud Marcelo Navajas y
minimiza estas proyecciones, presenta un “plan estratégico”,
promete 500 respiradores, pero nunca llegan. Se restringen las
pruebas para aquellos con “sintomatología activa”. El anuncio de
la adquisición de 400.000 pruebas tampoco se cumplió. Las pruebas
son importantes para detectar contagios, casos asintomáticos,
aislarlos y cortar la cadena de contagios. Bolivia es el país que
menos test realiza de la región, lo que explica las cifras oficiales
bajas de Covid-19 para justificar las ínfimas medidas de contención.
Navajas sostuvo que hasta el 31 de mayo se esperan 10.000 contagios y
que la curva de infectados bajara cuando el 60 % de la población se
haya contagiado, anticipando un colapso sanitario. El ministro de
salud, ex médico de la embajada de E.E.U.U. sigue la línea política
sanitaria de Trump que puso a E.E.U.U. como epicentro mundial de la
pandemia, dejando que la gente se “bañe” con el Covid-19 y
condenando a la muerte a los adultos mayores y a los que poseen
patologías de base. Navajas, paladín de la privatización de la
salud sigue su lógica mercantil que también comparte con Trump: “La
salud es para el que la pueda pagar”.
(*)
Verónica Zapata. Periodista y psicóloga boliviana.
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En Bolivia el ministro de salud es detenido dentro una red de corrupción por respiradores.
(Verónica
Zapata (*)) El 20 de mayo la Dra. Eidy Roca viceministra en cartera
asumió como ministra de salud, y es la tercera vez que Áñez cambia
de ministro de salud seis meses de gobierno. En un contexto de un
escandaloso caso de corrupción por la compra con sobreprecios de 170
respiradores a la empresa española G.P.A. Innova, a través de la
intermediaria I.M.E. Consulting, representante de dichos respiradores
en Latinoamérica. Por el hecho fue detenido el ahora ex ministro de
salud Navajas, que al momento de asumir en sus funciones, tenía en
su haber una condena de la justicia por estafa por la venta con
sobreprecio de medicamentos contra el cáncer. El ministerio público
investiga la compra en 28 mil dólares por cada respirador cuando Pau
Sarsanedas, el director de la empresa fabricante G.P.A. Innova,
confirmó que su valor era de 7.000 dólares, o sea que se pagó un
sobreprecio por más de 20 mil dólares por cada unidad, por lo que
el sobreprecio total de la compra asciende a 3.500.000 millones de
dólares en perjuicio del estado. El gobierno de facto no le pagó a
la empresa fabricante de respiradores G.P.A. Innova, sino a un
intermediario del que se desconoce cuánto cobró del estado
boliviano por los respiradores. Fuentes de G.P.A. Innova sostuvieron
que solo “vendió los respiradores a un exportador a precio básico”
y que desconoce el precio final de venta del exportador”.
La
red de corrupción salpica a diversos funcionarios de primera línea
del gobierno de facto, entre ellos al ministro de salud Marcelo
Navajas, al director de la agencia en infraestructura en salud y
equipamiento médico A.I.S.E.N. Giovanni Pacheco, al embajador de
ciencia y tecnología Mohammed Mostajo, al cónsul General de
Barcelona Alberto Pareja Lozada, a la canciller Karen Longaric, entre
otros, que estarían implicados en un negociado millonario y ruin a
costa de la salud del pueblo boliviano. Existen documentos oficiales,
videos y testimonios de los mismos implicados que los comprometen y
que se viralizaron en redes, que revelan que los implicados tenían
conocimiento de los contratos, costos y calidad de los equipos,
participaron en las negociaciones y de los traslados.
Por
su parte, Áñez sostuvo en Twitter: “Gracias a denuncias en redes
y medios iniciamos investigación sobre posible corrupción en compra
de los respiradores españoles. Pido cárcel y ordeno todo el peso de
la ley contra quienes se hubieran llevado un solo peso. Cada centavo
de la corrupción debe ser de vuelto al estado”. Y sostuvo que no
se pagaría el 50% del valor que se adeudaría por la compra.
La
abogada del ex ministro de salud Rosario Canedo denunció su
detención por las fuerza de lucha contra el crimen F.E.L.C.C.: “Es
una infamia, violación y supresión flagrante a sus derechos y
garantías constitucionales y derechos humanos. ¿Estamos viviendo en
un estado de derecho o estamos viviendo en una dictadura y en un
gobierno totalitario donde no se respetan los D.D.H.H.?”.
Por
el caso, se encuentra detenido extrañamente el asesor jurídico del
ministerio de salud, Fernando Valenzuela, tres funcionarios de
A.I.S.E.N., incluyendo a su director, Giovanni Pacheco. Por otro
lado, dos consultores están detenidos del banco interamericano de
desarrollo B.I.D., que financió y respaldó la compra. Desde el
ministerio público sostuvieron: “Además, se investigará la
participación de los servidores públicos bolivianos del exterior
vía cancillería. Existen participación de empresas intermediarias,
diversos proveedores que se presentaron, vamos a solicitar informe al
B.I.D.”.
El
perjuicio no solo es económico al estado boliviano, sino que lo más
grave es que el 22 de mayo se cumplieron dos meses de la cuarentena y
en el país no hay suficientes respiradores mecánicos. Los que se
compraron no son aptos para pacientes con Covid-19. El 14 de mayo,
luego de varias promesas, finalmente llegaron al país 170
respiradores de 500 prometidos. El 15 de mayo la Sociedad Boliviana
de Terapia Intensiva descartó la utilización de estos en las
unidades de terapias intensivas porque que no son aptos para
pacientes con Covid-19. Especificaron que los respiradores comprados
son de reanimación de asistencia en emergencia MAMBU, para mantener
a un paciente unas horas mientras es trasladado a una sala de terapia
intensiva. Lo que se necesitan son respiradores mecánicos para
terapias intensivas para asistir a pacientes graves que necesitan
ventilación asistida porque no pueden respirar por sí mismos. El 15
de mayo el ex ministro Navajas admitió en UNITEL que los
respiradores eran reanimadores de emergencia y no convencionales.
Estaba al tanto de la calidad de los mismos y de que no cumplían con
los requisitos técnicos especificados por la O.M.S.
Por
otro lado, hay pruebas contundentes de que desde el ministerio de
salud estaban al tanto de otras ofertas de menor costo por los mismos
respiradores, y fueron descartadas. A su vez, Navajas trasladó los
respiradores por la aerolínea de bandera (BoA) cuando esa gestión
se podría haber obviado porque estaba incluida en otras ofertas a
menor valor. Es incomprensible también, porque hubo intermediarios
cuando se pudo haber realizado la compra directamente con el
fabricante. El 19 de mayo Rodolfo Vega, gerente de C.O.S.I.N.
importadora local de quipos médicos confirmó que el 25 de abril le
envió un presupuesto al ex ministro de salud Navajas para la
provisión de 178 respiradores Modelo Respira, por el precio de
12.500 mil dólares, en cuyo presupuesto se incluía transporte, pago
de impuestos, garantía, soporte técnico, capacitación con entrega
a 15 días. La importadora local ofreció traer al país los mismos
equipos por un menor valor. No se obtuvo respuesta a la oferta. Por
otro lado, A.I.S.E.N. pidió una cotización a C.O.S.I.N., que fue
entregada los primeros días de mayo a su director Giovanni Pacheco,
de quién tampoco recibió respuesta. Además, el Ing. Fabián Díaz,
desarrollador del respirador MAMBU confirmo que el país fabrica
equipos de similares características y de mucho menor costo. Relató
que las autoridades del ministerio de salud los descartaron
argumentando que los mismos no servían para terapia intensiva.
Cuentan con dos modelos, su versión compleja saldría 6.800
bolivianos equivalente a menos de 1.000 dólares y en su versión
estándar un costo de 3.500 bolivianos equivalente a 500 dólares
Hasta
el 22 de mayo Bolivia registra 5.187 contagios y 215 muertos. El
sistema sanitario de Santa Cruz y Beni están al borde del colapso y
concentran el 80% de los casos. Se prometieron 450 mil reactivos que
aún no llegan al país. Los 500 respiradores que prometieron desde
la gestión del primer ex ministro de salud Aníbal Ortiz, que luego
Marcelo Navajas retomó, recién el 14 de mayo llegaron y resulta
que no sirven para pacientes Covid-19. Faltan especialistas,
principalmente intensivistas en el país y los médicos reclaman
capacitaciones, contratación de nuevo personal, insumos y equipos de
bioseguridad. La promesa es una política sanitaria del gobierno de
facto para ganar tiempo embaucados en la campaña proselitista de
Áñez. Hasta que suceda una tragedia como la de Guayaquil, donde se
lavarán las manos de las consecuencias de sus actos con el argumento
de que “ningún país está capacitado para abordar un colapso
sanitario”, como sostuvo y adelantó Navajas en una entrevista. De
esta manera, la dictadura condena a la muerte a los adultos mayores y
con enfermedades de base, que son los que tienen mayor probabilidad
de necesitar asistencia mecánica para respirar. Estos hechos atentan
contra la salud pública y se constituye en un genocidio hacia el
pueblo boliviano. La comunidad internacional y los organismos de
D.D.H.H. y la O.M.S. deberían realizar las denuncias pertinentes
porque de la pandemia del Covid-19, la realidad demuestra que no se
la superara sin la solidaridad del otre.
Los
lazos de poder y encubrimiento comprometen a Áñez y a su familia.
-Mohammed
Mostajo, es el novio de la hija de Áñez y actual presidente del
“comité científico” que por decreto asesora y define las
acciones del plan contra el Covid-19, incluida la compra de insumos y
equipos. Es miembro de Unidad Nacional, partido fundado por Samuel
Doria Medina, candidato a vicepresidente por “Alianza Juntos” con
Áñez. El 5 de abril en una entrevista explicó detalladamente el
proceso de compra de los respiradores, que en RED UNO recientemente
negó conocer. Recomendó la compra de los respiradores, tenía
conocimiento de sus características y del precio. Su primo hermano
Eduardo Claros Mostajo es el transportador oficial de todos los
insumos y equipos para el Covid-19 que se distribuyen dentro de
Bolivia. El diputado Montenegro quiso denunciado por este hecho, pero
la fiscalía no quiso recibir la denuncia. Acordó con Pacheco
director de A.I.S.E.N. la compra de los respiradores.
-Giovanni
Pacheco es director de A.I.S.E.N., la empresa que revisó los
equipos, precio, contrato y realizó la compra con la autorización
del ministro de salud. Es miembro de Unidad Nacional, hombre de
confianza de Samuel Doria Medina. Gerente de SOBOCE-Tarija y de la
empresa de ASEO con Soledad Chapetón, alcaldesa de El Alto.
-El
cónsul general de Barcelona Alberto Pareja Lozada sería quien
direccionó e influyó en la compra, es hijo de Ruth Lozada candidata
a diputada por la “Alianza Juntos”, partido de Áñez. Es mano
derecha de Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz y sobrino de Hugo
Lozada, presidente de la aduana. Lozada presionó en la compra con la
empresa intermediaria I.M.E. Consulting. En un documento oficial con
fecha de 11 de mayo viralizado en redes que envió a la canciller
Longaric pone en sobre aviso de que la compra escandalosa estaba en
peligro, debido a la aparición de una oferta por los mismos
respiradores al 50% del valor que advirtió Fernando Valenzuela,
asesor jurídico del ministerio de salud.
(*)
Verónica Zapata, periodista y psicóloga boliviana.
A
seis meses de la Masacre de Senkata contra el pueblo heroico alteño.
(Verónica
Zapata (*))
El 19 de noviembre del 2019 se produce la “masacre de senkata” en
distrito 8 de El Alto, en La Paz, donde se encuentra instalada la
planta de senkata que alberga a Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (Y.P.F.B.), que abastece de gas licuado en garrafas y
gasolina a la ciudad de La Paz. La misma fue bloqueada durante varios
días por vecinos auto convocados con el fin de impedir la salida de
cisternas con carburantes en señal de protesta en contra del golpe
de estado, pedir la renuncia de Áñez y rechazar la renuncia de
Morales. Un operativo militar-policial arribó hasta la entrada de la
planta de carburantes, mientras en el cielo sobrevolaban dos
helicópteros y un avión. Cuando llegaron al lugar empezaron a
lanzar gases lacrimógenos y bastonazos a los manifestantes logrando
desbloquear el ingreso con el objetivo de retirar las cisternas con
carburantes. Luego, se retiraron escoltando un convoy de 49 camiones
cisternas que abastecieron a los surtidores con carburantes en la
ciudad de La Paz. Posterior a este suceso, los manifestantes
derribaron una parte de los muros perimetrales de la planta de
senkata con sus propias manos e intentaron volver a bloquear su
ingreso. En ese momento, se desata una represión brutal y feroz en
la que se fusiló a personas desarmadas, los disparos también
provenían de los helicópteros y se detuvo al médico que asistió a
los heridos, luego de viralizarse un video en que pedía ayuda desde
el lugar de los hechos y relataba: “Nos están matando como a
perros”. El saldo fue de 10 personas muertas, 65 heridos y más
un centenar de detenidos. Se denunció la desaparición de cuerpos
que los militares arrastraron adentro de la planta de combustible.
El
ministro de defensa, Luis Fernando López sostuvo ese mismo día: “El
ejército no disparó ni un solo proyectil” durante el operativo, y
acusó a personas afines al Movimiento al Socialismo (M.A.S.) de
querer tomar la planta de combustible, incendiarla y hacerla explotar
produciendo miles de muertos. Señalo que los manifestantes estaban
alcoholizados y que “recibían órdenes y dinero” y fueron
catalogados de “terroristas”. Sin embargo, los muchos impactos
de balas en portones de metal, paredes de casas vecinas del frente de
planta de Senkata y las autopsias de los cuerpos con heridas de bala
de plomo en la cabeza y en torso, desacreditaron los dichos sobre que
desde las F.F.A.A. no había salido ni un solo disparo y dejan en
evidencia que se disparó a matar. De la represión participaron más
de 200 militares y policías de a pie y motorizados, una docena de
carros de asalto, dos helicópteros y un avión de caza
Para
poder acceder a atención médica los heridos y sus familiares
tuvieron que atravesar una odisea de derivaciones interminables entre
postas de atención primaria, hospitales y clínicas privadas, por la
falta de tomógrafos o equipos para operar heridas complejas de bala.
Por otro lado, en los centros de salud a los heridos les negaban la
atención bajo acusación ser “masistas”. Por este motivo, muchos
heridos prefirieron quedarse en sus casas en reposo sin recibir
atención médica por miedo porque en los centros médicos eran
perseguidos y hostigados por los militares y la policía, acusándolos
de “terroristas”.
El
21 de noviembre del 2019, la población alteña bajó en una
multitudinaria marcha con un cortejo fúnebre que cargaba los cuerpos
de sus muertos en ataúdes, con el propósito de llegar hasta la
plaza San Francisco de la ciudad de La Paz. La caravana estaba
conformada por las víctimas y los familiares de los fallecidos,
heridos, detenidos y por el pueblo alteño que acompañaba al grito
de: “El alto de pié, nunca de rodillas”. Los manifestantes
sostenían en alto sus Whipalas, bandera que simboliza la resistencia
indígena, exigiendo la renuncia de Áñez. Al aproximarse cerca de
la Plaza Murillo, el ejército avanzó con sus tanquetas y sin piedad
reprimió brutalmente la marcha y gasificó en medio del luto y no
respeto la presencia de los fallecidos en ataúdes. Las imágenes son
de extrema crueldad que se viralizaron y recorrieron el mundo. Se
observaban los ataúdes abandonados en medio de la calle porque sus
deudos tuvieron que salir corriendo para protegerse ante la
represión, y los gases lacrimógenos.
El
11 de diciembre del 2019 la C.I.D.H. califico de masacres las muertes
de civiles ocurridas en El Alto y en Sacaba: “En criterio de la
comisión, estos hechos pueden caracterizarse como masacres dado el
número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y
lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de
personas”, expreso la comisión a partir de un informe lapidario
hacia el gobierno de facto. El 24 de enero del 2020 la C.I.D.H.
anunció un acuerdo con el gobierno de facto para crear un grupo
independiente de expertos internacionales (G.I.E.I.) que ayude a
investigar los hechos de violencia en el contexto electoral entre el
1 de septiembre y el 31 de diciembre del 2019.
El
golpe de estado y las masacres contra el pueblo boliviano.
El
10 de noviembre del 2019 se concreta el golpe de estado en Bolivia y
Evo Morales, presidente constitucional y legítimo es obligado a
renunciar a pedido del comandante general de las F.F.A.A., Williams
kaliman. El 12 de noviembre se autoproclama presidenta Jeanine Áñez
en una asamblea legislativa vacía, y con la biblia en la mano en
alto. El 15 de noviembre se promulga el decreto supremo 4.078 que
otorgó licencia para matar a las F.F.A.A., y las eximió de
responsabilidad penal para reprimir movilizaciones contra el golpe de
estado. En su art. 3 se establecía: “El personal de las F.F.A.A.
que participe en los operativos para el restablecimiento del orden
interno y la estabilidad publica estará exento de responsabilidad
penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe
en legítima defensa o estado de necesidad y proporcionalidad”. El
mismo día en que se aprueba el decreto 4.078, empiezan las masacres
hacia el pueblo boliviano que salió a las calles a repudiar el golpe
y pedir la renuncia de Áñez. El 15 de noviembre del 2019 se produce
la masacre de sacaba contra los cocaleros que se manifestaban
pacíficamente en Cochabamba. Cuatro días después, el 19 Noviembre
del 2019, otra baño de sangre cubre la historia del país, se llevó
a cabo la masacre de senkata contra el pueblo de El Alto en La Paz.
Ambas regiones se caracterizan por ser el núcleo duro de
resistencia indígena al golpe y por ser determinantes en el proceso
histórico que condijo a Evo Morales a ser presidente de Bolivia. El
polémico decreto fue derogado finalmente el 28 de noviembre del 2019
por la fuerte presión nacional e internacional, incluyendo a
organismos como la (C.I.D.H.). Áñez sostuvo que podía derogarse el
decreto porque ya se había logrado la “ansiada pacificación”
del país. Mientras estuvo en vigencia, fue el marco legal para que
se llevaran a cabo las masacres de sacaba y senkata con el fin de
lograr imponer un nuevo reordenamiento político, el control social y
atemorizar a la población para desarticular la organización
social.
Seis
meses de impunidad y sin detenidos por las masacres
El
7 de marzo del 2020 se interpuso una moción de cesura contra el
ministro de defensa, Luis Fernando López, uno de los principales
responsables de las masacres de sacaba y senkata. La moción se logró
con el voto mayoritario de la asamblea legislativa por su ausencia
injustificada a tres audiencias requeridas para dar explicaciones por
estas masacres. Se procedió a su destitución en cumplimiento de lo
que establece la constitución, que un ministro censurado debe ser
destituido. Se nombró de manera provisoria a otro militar, Ramiro
Peñaloza. Pocas horas después, Jeanine Áñez en su afán de
avasallar toda institucionalidad, no respeto la decisión de la
asamblea legislativa y le tomó juramento por segunda vez, al
ministro de defensa recientemente destituido. Hasta la fecha no hay
investigación abierta en el país, ni detenidos por las masacres.
El
Alto, un pueblo heroico indígena, protagonista de Octubre Negro.
El
pueblo alteño es un pueblo heroico, uno de los núcleos de
resistencia indígena ante el golpe y protagonista de un hito
histórico en el país que se conoce con el nombre de “Octubre
Negro”, y que acabó con la renuncia del ex presidente Gonzalo
Sánchez de Lozada que gobernó el país entre 1993-1997 y 2002-2003
y que escapó junto a su ministro de defensa, Carlos Sánchez
Berzaín a EU. Ambos responsables de la represión sangrienta de las
protestas que se originaron tras el anuncio de exportar gas natural
boliviano a EU, a través de un puente chileno a bajos precios en
momentos en que la cobertura de gas en el país era mínima. Las
acciones protagonizadas por civiles en este contexto se denominan la
“Guerra del Gas” que dejó un saldo de 63 muertos y más de 400
heridos. Este acontecimiento fue precursor de la llegada al poder de
Evo Morales en el 2006. El 3 de abril de 2018 Gonzalo Sánchez de
Lozada fue hallado responsable de “ejecuciones extrajudiciales”
en el 2003 en Bolivia por un tribunal de EU que lo condenó a
indemnizar por 10 millones de dólares a las familias de 8 personas
asesinadas, pero el jurado lo exonero de haber cometido “homicidio
culposo”. Sin embargo, meses más tarde un juez federal, James Cohn
lo libró de culpa y cargo. El juicio tuvo lugar gracias a una ley de
protección para las víctimas de tortura de ámbito
extraterritorial, que permite procesar delitos cometidos fuera del
país en tribunales federales de EU. Carlos Sánchez Berzaín festejó
el golpe de estado del pasado 10 de noviembre del 2019 en Bolivia
desde EU y sostuvo que volvería al país para hacer política y
acabar con el estado plurinacional. Abogó por la “vuelta a la
república”, y sostuvo que pretende enjuiciar a Evo Morales tras
las movilizaciones del 2003 que condijeron a la caída del gobierno
del que formaba parte.
(*)
Verónica Zapata, periodista y psicóloga boliviana.
Bolivia: A seis meses del dolor e impunidad de la Masacre de Sacaba.
(Verónica Zapata (*)) En el mes de mayo se cumplieron seis meses del golpe de estado en Bolivia. El imperio norteamericano demostró que con tal de volver a conquistar a Latinoamérica como su patio trasero, es capaz de volver a utilizar metodologías que se creían que habían quedado en el pasado en la región. El 10 de noviembre del 2019 se concreta un golpe de estado en Bolivia y Evo Morales es derrocado, a través de un golpe violento y sangriento a la vieja usanza como en las dictaduras de los años 70. El 20 de Octubre en las elecciones generales el Movimiento al Socialismo (M.A.S.) obtuvo el 47,08% de los votos, con una diferencia de más de diez puntos frente a su contrincante Carlos Mesa de Unidad Ciudadana que obtuvo 36, 51%. Evo Morales fue acusado de “fraude” de parte de la O.E.A. organismo internacional conocido por ser el “ministerio de las colonias” de E.E.U.U. con sede en Washington, y por tener un historial siniestro de jugar como articulador de golpes de estado en la región. Posterior a ello, el jefe de las F.F.A.A., Kalimán le pidió la renuncia al ex presidente Evo Morales en una clara prueba de de que el ex presidente no renunció porque quiso, sino porque fue obligado. Anteriormente, habían renunciados sus ex funcionarios tras el secuestro de sus familiares, amenazas de muerte, saqueos y quema de sus casas.
E.E.U.U. el articulador y financista del golpe de estado logró re articular a la oligarquía nacional con el fascista Fernando Camacho a la cabeza, ex presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, con las F.F.A.A., la policía y los grupos paramilitares para obligar a punta de pistola a renunciar a Evo Morales. Jeanine Áñez siguiendo el modelo de presidentes autoproclamados como Juan Guaidó en Venezuela, el 12 de noviembre del 2019 se autoproclama presidenta de Bolivia en una asamblea legislativa vacía, con la biblia en las manos en alto, en un país laico y en un contexto de quema masivas de Whipalas en todo el territorio boliviano de parte de los seguidores de los golpistas. Áñez da vía libre a la represión y tres días después se lleva a cabo la sangrienta Masacre de Sacaba contra los cocaleros.
El viernes 15 de noviembre 2019 se recuerda como un día de luto para las y los boliviano, ese día un grupo de cocaleros salió en una marcha pacífica a las calles para llegar hasta la plaza 14 de Septiembre con el fin de repudiar el golpe. La marcha fue detenida a la altura del puente Huayllani por la policía y los militares. Luego, de imprevisto empezaron a lanzar gases lacrimógenos sobre los manifestantes, e inmediatamente una lluvia de balas fueron disparabas sobre ellos los cocaleros desde tierra y desde helicópteros. La gente empezó a correr desesperadamente sin comprender que sucedía para resguardarse. Cuando se disipó el gas, volvió para cargar el cuerpo de sus muertos y para trasladar a los heridos a los hospitales de la zona. Nelson Cox defensor público de Cochabamba confirmó la muerte de 10 personas y 115 heridos.
El gobierno de facto sostuvo al respecto cínicamente: “los cocaleros vinieron armados, pero al carecer de entrenamiento necesario, terminaron disparándose entre ellos”. Los policías y los militares sostuvieron que no tenían armas de fuego y que solo contaban con gases lacrimógenos por lo cual los disparos no podían venir de su bando. El ministro de facto Justiniano sostuvo: “Uno de los fallecidos presenta una herida singular, porque la bala entra por atrás y va de arriba hacia abajo. Es decir, que no provino de un enfrentamiento cruzado”.
Mientras tanto la prensa a la cabeza de la ministra de comunicación Roxana Lizárraga, que acusó de “sedición y terrorismo” a la prensa internacional y en especial a los periodistas argentinos, mostraba en televisión boliviana novelas con el fin de ocultar al país y al mundo lo que ocurría realmente en el país.
Durante la noche los cocaleros en caravana marcharon y cargaron a sus muertos en féretros sobre la carretera en la ciudad de Sacaba. La gente lloraba y gritaba: “Fusil metralla, el pueblo no se calla”. El dolor cubría los rostros de las personas y el ruido del llanto se escuchaba en el silencio de la noche. Ese día el dolor y la furia ahogo a la noche en Bolivia.
La Comisión Internacional de Derechos Humanos (C.I.D.H.) dependiente de la O.E.A., condenó el uso desproporcionado de la fuerza policial y militar” en la Masacre de Sacaba, en el departamento de Cochabamba y recordó al gobierno de facto que “el estado tiene la obligación de asegurar el derecho a la vida e integridad física de quiénes protestan pacíficamente”. Por otro lado advirtió con un comunicado a pocas horas de conocerse la masacre que: “Las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales”. La C.I.D.H. también amplio su comunicado con una declaración de la relatoría para la libertad de expresión por las amenazas de expulsión y uso de gas lacrimógeno contra los periodistas internacionales que cubrían las protestas, entre ellos los medios argentinos T.N., América 24, Crónica y Telefé.
La masacre ocurrió pocas horas más tarde de que el titular de la O.E.A., Luis Almagro brindara su apoyo a la autoproclamada presidenta de facto, Jeanine Áñez, y tres días después de que el propio Almagro señalara cínicamente la hipótesis de que el golpe de estado en Bolivia lo había dado Evo Morales.
Actualmente la masacre sigue impune y no hay investigaciones al respecto, ni detenidos. El pueblo boliviano pide justicia para sanar una herida abierta que solo cerrará mediante el juicio y castigo a los culpables. Ni olvido, Ni perdón. Nunca Más.
(*) Verónica Zapata, periodista y psicóloga boliviana.
A
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